Los ayuntamientos: pilar fundamental en la lucha contra la violencia de género

Marga García Rodríguez

Secretaria general SAL Madrid

Las medidas y recomendaciones del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género,  aprobadas por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017, y por el Pleno del Senado en sesión de 13 de septiembre de 2017 establecen que lo cambios  normativos  debían realizarse seis meses después de su aprobación pero esto no ha sido así. Durante este año 2018, cinco mujeres y dos menores han fallecido en la Comunidad de Madrid víctimas de la violencia de género (oficialmente sólo se reconocen tres mujeres fallecidas) y en su mayor parte no habían interpuesto denuncia.

Poner en práctica las medidas necesarias para la protección de mujeres y menores es imperioso. Hacen falta profundos cambios normativos, cambios que han de recoger el papel principal en materia de prevención, detección y atención inmediata que deben jugar los Ayuntamientos; para lo cual hay que dotar  con suficiente presupuesto que les permita realizar una actuación integral coordinandose con diferentes servicios esenciales a la ciudadanía a efectos de trabajar aspectos relacionados con la prevención, educación, detección y tratamiento.

Es cierto que la ley estatal es un importante avance legislativo, pero no se ha desarrollado debido a las políticas restrictivas de los gobiernos conservadores del PP, y no sólo no se han desarrollado, igualmente aspectos importantes como dotaciones presupuestarias se vieron recortadas de manera importante, en especial la partida destinada a las Administraciones Locales en esta materia. El nuevo gobierno del PSOE, en el momento que se redacta este artículo,  ha devuelto las competencias que el PP recortó a los Ayuntamientos aunque siguen siendo insuficiente y más si tenemos en cuenta que no tenemos las plantillas ni recursos necesarios. Esperemos que también realice los cambios normativos que permitan que los Ayuntamientos jueguen el papel fundamental que creo que les corresponde y así ser mucho más eficaces en la lucha contra la violencia de género, (para un mayor análisis de la legislación y propuestas de CCOO es muy recomendable EL INFORME SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO de la FSC-CCOO que se puede consultar en la web federal estatal de la FSC-CCOO ) cosa que implica un importante incremento, entre otras, de personal y la dotación económica suficiente  para poder actuar.

La legislación de la comunidad de Madrid, en lo que respecta al papel que deben tener los ayuntamientos, en el artículo 19.2 hace referencia a que la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, que ofrecerán servicios básicos desde el ámbito municipal en materia de atención a las víctimas consistentes en información, orientación, derivación y apoyo psicosocial de forma individual y colectiva, y que actuarán de forma coordinada con la Red de Oficinas Judiciales Locales y de Distrito. Una referencia a todas luces insuficiente, pues no aborda de manera integral las actuaciones que se deben realizar (el desarrollo normativo de la Red de Puntos Municipales lo encontramos en el artículo 37 de la ley Estos puntos si bien se les considera como unidades pertenecientes a la Administración Local, son dependientes financieramente de la Comunidad)

Siguiendo con la ley de la Comunidad, encontramos una  referencia expresa a las Corporaciones Locales, en el artículo 33 de la misma:

Artículo 33. Coordinación con las entidades locales.

1. La Comunidad de Madrid y las entidades locales ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
2. La Comunidad de Madrid y las entidades locales deberán facilitarse la información sobre la propia gestión de los asuntos que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de los cometidos regulados en la presente Ley.
3. Asimismo, la Comunidad de Madrid podrá recabar de las entidades locales la asistencia activa que precise para el mejor cumplimiento de las actuaciones reguladas en la presente Ley, pudiendo transferir, delegar o encomendar la gestión de dichas actuaciones a las Administraciones e Instituciones citadas.
4. Se faculta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la aprobación, con la participación de las Entidades Locales interesadas, de planes o programas sectoriales o instrucciones generales de actuación con relación a las medidas, actividades o servicios adoptados en la presente Ley.

Si bien no podemos decir que sea negativo, todo lo contrario, los Ayuntamientos siguen estando considerados como una Administración secundaria cuando, a mi entender, deben ser los protagonistas principales en la lucha para erradicar esta lacra social al ser la administración más cercana a la ciudadanía, evidentemente bien coordinados con la Comunidad.

Ver anexo Mapa de Recursos de los Ayuntamientos de la Comunidad

Más allá de la Red de Puntos Municipales, en contados municipios existen más recursos e intervenciones. El mapa nos muestra una triste realidad y una clamorosa falta de actuaciones e interés en intervenir ante esta realidad, y además las políticas neoliberales han privatizado los mismos

Ante esta realidad, desde CCOO tenemos de exigir una legislación y una financiación adecuada que vaya en la siguiente dirección:

Luchar contra la violencia de género. Desde la cercanía, desde el conocimiento de la realidad más cercana, lo que significa, entre otras muchas cosas, mucho más poder y capacidad de intervención desde el ámbito local. 

La administración local debe tener mayores competencias y mayor capacidad para ejercerlas. No podemos hablar de una intervención en una única dirección; los puntos de atención no son suficientes, necesitamos una intervención integral que haga que, desde los ayuntamientos, se trabaje en prevención, educación, detección y tratamiento en violencia de género.

Las corporaciones locales deben jugar un papel fundamental en la detección de casos, en acciones educativas y formativas con jóvenes, en la protección y tratamiento de las mujeres y los menores, en el desarrollo de un concepto de seguridad ciudadana como garantía de derechos, porque el derecho de las mujeres tiene que ser entendido como un derecho de ciudadanía 

La actuación de los ayuntamientos, entendiendo ésta como una acción integral y transversal, debe ser asumida políticamente por el conjunto de los grupos políticos municipales, que entiendan que la lucha contra la violencia de género debe darse en un “pacto de Estado” de carácter municipal, en el marco de la Federación de Municipios de Madrid.

Las intervenciones deben ir desde la prevención hasta el cuidado y atención a las víctimas (es primordial que éstas no tengan que seguir sufriendo), por esta razón los servicios sociales juegan un papel fundamental de coordinación del conjunto de las actuaciones que permitan prevenir, detectar, diagnosticar e intervenir en la realidad de cada municipio, actuar en todos los ámbitos en definitiva.  Los servicios sociales deben jugar un papel pro-activo y de coordinación, y los recursos en los municipios se deben implementar en todos y de manera coordinada entre sí y con la Comunidad. Esta propuesta conlleva un necesario incremento de profesionales, que deben tener la formación necesaria.

No olvidemos tampoco el importante papel que han de jugar las policías locales en la lucha contra la lacra de la violencia de género. Al respecto, las propuestas de la FSC en el informe mencionado van encaminadas en la dirección, a mi entender, correcta.

Si encaminamos la lucha contra la violencia de género en esta dirección necesariamente debe existir una ley de la comunidad de Madrid que plantee su desarrollo, con las aportaciones económicas suficientes para las corporaciones locales, con una necesaria y evidente coordinación con el gobierno de la Comunidad pero también entre los propios ayuntamientos de ésta, con el objetivo de poder actuar con mucha mayor eficacia en la lucha contra esta lacra social.

Un apunte final. Trabajar políticamente contra la violencia de género, para nosotras y nosotros, debe estar ligado a la lucha contra la desigualdad. A mayor desigualdad, mayor desarrollo de actitudes violentas, y la violencia de género, aunque tiene profundas raíces culturales, tiene un mayor desarrollo cuando se dan mayores situaciones de desigualdad social.

(1) Anexo